La igualdad de oportunidades es el principio según el cual todas las personas deben tener las mismas posibilidades de acceder a la educación, al empleo, a los cargos públicos y, en general, a las posiciones sociales valiosas, sin que lo impidan circunstancias que no han elegido, como el sexo, el origen social o étnico, la religión, la discapacidad o el lugar de nacimiento. Lo que una persona consiga debería depender de su esfuerzo, su talento y sus decisiones, y no de la familia en la que ha nacido. Es uno de los ideales más compartidos de las democracias liberales, y también uno de los que admite interpretaciones más distintas.
La versión formal se limita a eliminar las barreras legales: que ninguna norma impida a una mujer ser jueza o a un hijo de obreros ir a la universidad, y que los puestos se adjudiquen por mérito en procesos abiertos. Es la «carrera abierta al talento» que proclamó la Revolución francesa. La versión sustantiva sostiene que eso no basta, porque quien empieza la carrera con peor alimentación, menos libros en casa, un colegio peor dotado o sin contactos llega a la prueba de mérito en desventaja. El filósofo John Rawls, en Teoría de la justicia (1971), defendió una «justa igualdad de oportunidades»: que personas con el mismo talento y la misma disposición a usarlo tengan las mismas perspectivas de éxito, cualquiera que sea su clase de origen.
Esa versión sustantiva es la base de buena parte de las políticas sociales: la escolarización gratuita y obligatoria, las becas, la educación infantil temprana, la sanidad pública o las acciones positivas para grupos discriminados (ver igualdad de oportunidades en educación e igualdad de género). La Constitución española la recoge en su artículo 9.2, que encarga a los poderes públicos «remover los obstáculos» que impidan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.
La igualdad de oportunidades se distingue de la igualdad de resultados, que aspira a reducir las diferencias finales de renta o de bienestar con independencia de cómo se produzcan. Sus defensores sostienen que, garantizada la igualdad de partida, las desigualdades de llegada son justas porque reflejan decisiones y esfuerzos. Sus críticos responden que las ventajas de llegada de una generación se convierten en ventajas de partida de la siguiente, y que el talento y la capacidad de esfuerzo también dependen en parte de la crianza. Michael Young, que acuñó en 1958 la palabra meritocracia en una sátira, advertía ya del riesgo de una sociedad en la que los ganadores creen merecer todo lo que tienen.
Sociológicamente, la igualdad de oportunidades se mide a través de la movilidad social, es decir, de la relación entre la posición de los padres y la de los hijos. En todos los países estudiados el origen familiar sigue pesando: en España, según los estudios de transmisión intergeneracional, el nivel educativo de los padres continúa siendo el mejor predictor del que alcanzarán los hijos, aunque la expansión educativa del último medio siglo ha reducido mucho esa dependencia.
Igualdad personal – Inferioridad de condiciones – Igualdad jurídica – Igualdad de género – Igualdad de oportunidades en educación