La economía sumergida es el conjunto de actividades económicas que escapan al control del Estado porque no se registran ni se declaran. Incluye dos tipos de actividad muy distintos. Por un lado, actividades legales en sí mismas que se ocultan para no pagar impuestos ni cotizaciones o para no cumplir la normativa laboral y administrativa: la obra pagada en efectivo sin factura, el empleo sin contrato, el alquiler no declarado. Es lo que se llama economía informal. Por otro, actividades ilegales por naturaleza, como el narcotráfico, el contrabando o la trata de personas. Ambas comparten sus rasgos principales: evasión fiscal, incumplimiento de la regulación y ausencia de las estadísticas oficiales.
Medir lo que se esconde es, por definición, difícil, y las cifras dependen mucho del método. Unos métodos son directos: encuestas a hogares y empresas o resultados de las inspecciones fiscales. Otros son indirectos y buscan la huella que deja la actividad oculta: la demanda de dinero en efectivo por encima de lo que explicaría la actividad declarada, el consumo eléctrico que no cuadra con la producción registrada o la diferencia entre lo que los hogares ingresan según Hacienda y lo que gastan según las encuestas. Los modelos de tipo MIMIC, popularizados por el economista Friedrich Schneider, combinan varias de esas señales. Para España, las estimaciones disponibles suelen situarla entre el 15 % y el 25 % del PIB, por encima de la media de la Unión Europea y muy por encima de países como Suiza o Austria.
Las causas que más se repiten en la literatura son la presión fiscal y de cotizaciones, la complejidad regulatoria, la calidad de las instituciones y la tolerancia social hacia el fraude. El peso de sectores con muchos pagos pequeños y en efectivo (hostelería, construcción, servicio doméstico, agricultura temporal) también la favorece. Las crisis la hacen crecer, porque el empleo formal se destruye antes que la necesidad de ingresos.
Sus efectos son ambivalentes. Para quien trabaja en ella puede ser la única fuente de ingresos disponible, pero sin protección frente a despidos, accidentes o vejez. Para las empresas cumplidoras supone competencia desleal. Para el Estado, recaudación perdida que se compensa con impuestos más altos a quien sí declara, y estadísticas de paro, renta y productividad distorsionadas. Desde 2014, el sistema europeo de cuentas obliga a incluir en el PIB una estimación de algunas actividades ilegales, como el tráfico de drogas o la prostitución, de modo que una parte de la economía sumergida ya figura, estimada, en la contabilidad nacional.
Las políticas para reducirla combinan control y facilitación: limitar los pagos en efectivo, cruzar datos bancarios y fiscales, reforzar la inspección de trabajo, y a la vez simplificar trámites y rebajar el coste de regularizarse, como hacen los regímenes de tributación para autónomos o los cheques de servicio doméstico de Bélgica y Francia.