Un sindicato vertical es una organización laboral que agrupa en una misma estructura a trabajadores y empresarios de un sector de actividad, bajo la tutela del Estado, con el objetivo declarado de armonizar sus intereses. Se opone al sindicato de clase, que solo agrupa a trabajadores y defiende sus intereses frente a los de los empresarios. El nombre se refiere a que la organización recorre de arriba abajo toda la jerarquía de una rama de la producción, desde el propietario hasta el peón, en lugar de unir horizontalmente a los trabajadores de distintos sectores. La idea procede del corporativismo, que concebía la sociedad como un cuerpo cuyas partes deben colaborar, y la pusieron en práctica regímenes autoritarios como la Italia fascista, con su sistema de corporaciones, y la España franquista.
En sentido estricto, el Sindicato Vertical fue la organización sindical única del franquismo. El Fuero del Trabajo de 1938 lo definió como una «corporación de derecho público» al servicio del Estado, y la Ley de Unidad Sindical de 1940 integró en él obligatoriamente a todos los trabajadores y empresarios, organizados en sindicatos nacionales por ramas, como el del Metal, la Construcción o el Textil. Su nombre oficial era Organización Sindical Española (OSE), y estuvo dirigido durante sus primeras décadas por la Falange. Los sindicatos obreros anteriores, la UGT y la CNT, fueron disueltos, sus bienes incautados y sus dirigentes perseguidos. La huelga estaba prohibida y se castigaba como delito de sedición.
El Sindicato Vertical fue también una pieza del sistema político. Junto con la familia y el municipio, era uno de los tres cauces de la llamada democracia orgánica, y una parte de los procuradores de las Cortes franquistas, el llamado tercio sindical, procedía de él. En la práctica, los salarios y las condiciones de trabajo los fijaba el Ministerio de Trabajo mediante reglamentaciones.
A partir de 1958, la Ley de Convenios Colectivos permitió negociar salarios en cada empresa, y la organización tuvo que convocar elecciones de enlaces sindicales y jurados de empresa. Las Comisiones Obreras, surgidas de forma clandestina a comienzos de los años sesenta, aprovecharon esas elecciones para presentar candidatos propios e infiltrarse en la estructura oficial, con notable éxito en las de 1966 y 1975 (ver Comisiones Obreras). Así, el sindicato del régimen se convirtió en parte en un instrumento de la oposición obrera.
Tras la muerte de Franco, la ley de asociación sindical de 1977 legalizó los sindicatos libres y ese mismo año se disolvió la Organización Sindical. Su enorme patrimonio, formado por edificios, residencias y centros de formación, en parte procedente de los bienes incautados en 1939, pasó al Estado como patrimonio sindical acumulado, y su reparto entre los sindicatos democráticos y la devolución del patrimonio histórico de UGT y CNT fueron objeto de largas disputas durante las décadas siguientes.
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